Fue a finales de octubre del año pasado cuando el Ayuntamiento de Palma entregó a los propietarios de la gasolineras en las Avenidas y en Santa Catalina (Plaça Progrés) ocho días hábiles para cesar la actividad e iniciar los trámites para desmantelarlos y devolver el terreno “a su estado original”.
En su momento, la concejala de Gobernación de la ciudad, Claudia Costa, dijo que “no hay vuelta atrás” en la decisión y que no hay posibilidad de retrasarla más a través de más recursos o procesos judiciales.
Ese no resultó ser el caso. La empresa (Febrer) que gestiona las dos gasolineras solicitó una mandato para permitirle continuar con sus operaciones. Pero el tribunal ha rechazado la apelación y las operaciones deberán cesar de inmediato.
Incluso con el rechazo de la corte, este puede no ser el final del asunto. Costa dice que el ayuntamiento tendrá que confirmar que la empresa ha sido notificada de la decisión judicial. Una vez hecho esto, si las estaciones siguen operativas, entonces el ayuntamiento podría empezar multar a la empresa – el cinco por ciento del valor de lo que debe volver a ser espacios de titularidad pública.
Aparte de que las concesiones de las estaciones expiraron en 2008 y la tasa municipal de estas concesiones parece no haber sido pagada desde 1985, el ayuntamiento quiere recuperar los espacios para habilitar dos proyectos “muy importantes” -un vagón subterráneo parque en el caso de Plaça Progrés y el tranvía en el caso de las Avenidas.
